La persistente violencia contra las mujeres a pesar de la LO 1/2004 de Medidas de Protección Integral frente a la Violencia de Género

 
par Maria-Eugenia Rodriguez Palop, Université Carlos III de Madrid
 
 
 
Conférence

Retranscription de la conférence de Maria-Eugenia Rodriguez Palop, Université Carlos III de Madrid, sur la loi contre la violence de genre en Espagne.
Réalisée le 31 octobre 2011 pour le séminaire général du Master 2 « Droit de l’homme » de l’Université de Paris Ouest-Nanterre La Défense.
(version espagnole, version française ici)
 
 

(Working Paper)

Parece claro que la cuestión de la violencia de género ha de enmarcarse en la discusión acerca de la violencia estructural y el patriarcado. Una discusión que, como ya es sabido, ha iniciado el feminismo radical (representado hoy por autoras como Andrea Dworkin, Catherine MacKinnon y Katheleen Barry) y que ha desvelado, por un lado, que la violencia contra las mujeres es misógina, es decir, surge del odio a las mujeres, y que la violencia contra las mujeres es sexista, porque tiene su base en un sentimiento de superioridad del varón frente a ellas.

La vinculación que existe entre esta violencia estructural y el patriarcado es, por otra parte, considerablemente clara. Una vinculación que ha dado lugar, en ocasiones, al fenómeno del feminicidio, al genocidio contra las mujeres (como en el caso de Ciudad Juárez, México) o al ejercicio de una forma extrema de violencia contra las mujeres protagonizada por los hombres. Dicho de otra forma, no hay duda de que el caldo de cultivo en el que florece la violencia contra las mujeres es el de la existencia de determinadas condiciones estructurales (desigualdad y opresión) y culturales (machismo, misoginia y normalización de la violencia)[1]. Y es por esta razón por la que allí donde exista cualquier forma de violencia de género (esto es, la perpetrada en las relaciones de pareja y expareja, la violencia de índole sexual y la trata de seres humanos, ya sea por parte de agentes privados o públicos), cualquier iniciativa legislativa en este ámbito ha de venir acompañada de un esfuerzo titánico por eliminar la desigualdad y la discriminación contra las mujeres.

En España, este esfuerzo se materializó unos años después de la entrada en vigor de la Ley de violencia de género, con la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Una ley que asume la estrategia Gender Mainstreaming (GM) y marca la transversalidad y la centralidad de las políticas de género.

Ya sabemos que el concepto de Mainstreaming exige: la orientación de la igualdad de género a la consecución de la igualdad real y efectiva y no sólo a la solución de los problemas de las mujeres; la incorporación de la perspectiva de género en la agenda política dominante; la participación de las mujeres en la toma de decisiones (es decir, la paridad en los órganos colegiados); la prioridad de las políticas de género (especialmente en el ámbito social y familiar); y, la necesidad de un cambio de estructura organizativa e institucional que afecte al proceso político de decisión, a los mecanismos de actuación y a los actores políticos[2]. De modo que, como no podía ser de otra forma, uno de los fines que persigue la esta estrategia es, lógicamente, el de erradicar cualquier forma de violencia de género.

Sin embargo, lamentablemente, en nuestra ley de igualdad la fórmula del Gender Mainstreaming se plantea como un mecanismo de gestión de las políticas de igualdad que continúa desvinculando la desigualdad social de las mujeres y la desigualdad de poder. Desvinculación que, como veremos más adelante, en relación a la interpretación judicial de la ley de violencia de género, por ejemplo, no puede ser considerada como un problema menor.

Y ello, entre otras cosas, porque cuando la exclusión de las mujeres se define como un problema de discriminación, de falta de acceso a los recursos y oportunidades, y no como un problema de opresión y dominación sistémica, se individualiza el problema y se trata a las mujeres como víctimas aisladas y no como ejemplo del fracaso de un modelo. Además, la discriminación se analiza comparando la situación de mujeres y hombres, por lo que el estándar de normalidad sigue siendo la situación que disfruta el varón.

Lo que no hay que olvidar, como olvida nuestra Ley de igualdad, es que una política aparentemente neutral puede reproducir o incluso reforzar los estereotipos de género, y que la discriminación no se produce sólo en el espacio público, sino también en el privado, donde funcionan con notable éxito las estructuras de dominación sexual[3].

En fin, lo cierto es que a pesar del esfuerzo que hemos realizado, más o menos acertadamente, y de todos los instrumentos internacionales que ha firmado el Estado Español sobre esta materia o materias colaterales, la lacra de la violencia contra las mujeres no parece haber desaparecido.

El problema es que si la violencia de género se manifiesta, como mínimo, en los malos tratos en las relaciones de parejas o exparejas, los homicidios por género (feminicidios o femicidios), la violencia sexual contra las mujeres, la violencia sexual contra las niñas, la trata de mujeres y niñas, el acoso sexual en el trabajo, la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado, puede decirse que en España, sólo la información sobre la perpetración de estas formas de violencia ya es escasa y metodológicamente insuficiente.

Por ejemplo, como señala Amnistía Internacional, en lo que concierne a la trata de mujeres y niñas, la ausencia de una definición de trata de personas en la legislación penal española se presenta como uno de los obstáculos más graves para su registro y para la producción de estadísticas confiables[4]. La Fiscalía General del Estado en su Memoria 2008 reconoció, por ejemplo, que “en España, a pesar de que la trata de personas para la explotación sexual y para la explotación laboral tiene una gran relevancia, no es posible determinar su verdadera dimensión por encontrarse encuadrados muchos hechos delictivos en una variedad de preceptos[5].

Incluso, siguiendo el citado informe de Amnistía Internacional[6], puede decirse que en algunos de los documentos y en la información proporcionada por el Instituto de la Mujer se produce una confusión entre la trata de personas, el tráfico de migrantes y la prostitución[7].

En lo que concierne a violencia sexual sólo se disponen de datos sobre denuncias interpuestas ante las fuerzas de seguridad del Estado, registradas por el Ministerio del Interior y publicadas por el Instituto de la Mujer con un retraso cercano al año y medio. Datos que, además, no abarcan la totalidad del territorio estatal. Aunque existen datos sobre procedimientos iniciados en los juzgados (“diligencias previas”) proporcionados por la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado, la información no se presenta desagregada por sexo. Y, por último, cabe advertir la falta de coincidencia de los datos aportados por las diferentes fuentes oficiales[8].

Además, si aceptamos que para medir la violencia de género en un Estado también son relevantes los datos administrativos sobre la actividad judicial, la información de que disponemos en este ámbito es también insuficiente (quizá con la excepción de los datos acerca de la violencia doméstica y en el seno de las parejas o exparejas) y, en ciertos casos, claramente desalentadora.

En conclusión puede decirse que no sólo no hemos llegado a controlar, sino que ni siquiera conocemos, con certeza y exactitud, los datos relativos a los casos de violencia de género en España.

Pero, hay algo más, algunas razones más que explican por qué no hemos conseguido erradicar la violencia contra las mujeres con nuestra Ley de violencia de género.

Puede decirse, en primer lugar, que no hemos atendido suficientemente al factor preventivo, dado que, por una parte, no educamos formalmente contra el machismo, y por la otra, como veremos después, algunos jueces fuerzan la interpretación de la ley y dejan sin protección a las mujeres víctimas de violencia de género.

En segundo lugar, fallan también las propias víctimas, que muchas veces no se ratifican en la denuncia, dejando impunes a sus agresores. Aunque en casos de especial gravedad el fiscal puede proponer una investigación de oficio, la falta de colaboración de la víctima acaba resultando letal. Para corregir esto, algunos jueces proponen que la persecución continúe de oficio, independientemente de la víctima, y que se incluya la violencia de género entre las categorías penales que conllevan seguimiento del agresor después de la condena, a fin de evitar los habituales casos de reincidencia (tal como ocurre con violadores, pederastas y terroristas)[9].

En tercer lugar, falla la valoración del riesgo por parte de la policía y la guardia civil, que suele calificar de riesgo básico o inexistente lo que, a veces, no es sino la antesala de la muerte (así fueron calificados 54 de los 73 casos de fallecidas en España en el año 2010, por ejemplo)[10].

Finalmente, en relación a las sentencias judiciales, hay en España una grave distorsión.

Tenemos sentencias en las que la violación del maltratador a su exesposa no es tal porque ella no opuso resistencia (Audiencia Provincial de Sevilla), revocaciones de condenas con orden de alejamiento y amenazas porque la mujer estaba ilegalmente en España y la condena del novio parecía venirle muy bien para evitar su expulsión (Audiencia provincial de Cantabria)…y un largo suma y sigue[11]. Lamentable de todo punto es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia en la que se considera que llamar « zorra » a la esposa no es un insulto cuando se emplea « para describir a un animal que debe actuar con especial precaución », dando vía libre a los maltratadores. De hecho, el magistrado ponente, Juan del Olmo, anula con esta sentencia la condena a un año de prisión dictada por un juzgado de Cartagena (Murcia) contra un hombre que amenazaba asiduamente a su esposa. Esta misma Sala tampoco creyó que si una mujer duerme en el suelo del domicilio que comparte con el agresor lo hace por miedo, o que amenazar de muerte en un proceso de divorcio constituye delito. Por lo mismo, tampoco estimó que patear a una mujer en el seno de una relación de pareja o expareja podría ser “causa de dominación”[12]. El problema es que estos supuestos no son en absoluto casos aislados, sino que el número de sentencias benévolas con los maltratadores es apabullante[13].

Precisamente, la organización a la que pertenece el juez Del Olmo, Jueces para la Democracia, aparentemente progresista, reconoció que existen dos líneas jurisprudenciales interpretativas de la Ley de violencia de género, la de corte literal, donde la agresión del hombre a la mujer es suficiente, y la de orientación finalista que exige que la mujer acredite, en el caso concreto, que la conducta presenta rasgos distintivos de discriminación por razón de sexo. O sea, que existe una relación de dominación machista reiterada que la víctima tiene que demostrar a fin de evitar que la agresión se califique como falta, e incluso que se absuelva al agresor.

Pero, ¿son ambas opciones interpretativas jurídicamente admisibles? ¿Cómo demuestra la mujer maltratada que el agresor tiene un ánimo de dominación? ¿Es necesario demostrarlo? ¿No es suficiente que existan antecedentes de agresión y un parte de lesiones? ¿Y si no se dan estas circunstancias? A todo ello se suma que esta prueba no está contemplada en la ley y que nuestro Código Penal nunca la ha exigido en el ámbito de la violencia física habitual en el espacio doméstico. Sin embargo, el Tribunal Supremo la ha reclamado en ocasiones y muchos jueces la vienen exigiendo desde hace ya algunos años.

En fin, parece claro que en este ámbito lo que existe es, por un lado, un problema grave de inseguridad jurídica, y, por el otro, la sospecha de que el peso de la misoginia social y jurídica sigue siendo considerable.

A la vista de lo anterior, pudiera parecer que la Ley de violencia de género sólo presenta problemas de aplicación, pero lo cierto es que tampoco ha sabido resolver correctamente algunas cuestiones. Como se señala en ciertos informes de Amnistía Internacional y siguiendo en este punto la propia posición del Consejo General del Poder Judicial:

1. Continúa pendiente la puesta en práctica efectiva del derecho de las sobrevivientes a la atención sanitaria adecuada prestada por profesionales con formación.

2. Persisten los obstáculos de accesibilidad a los recursos de asistencia integral, especialmente para mujeres con circunstancias añadidas de riesgo (mujeres con drogodependencias, alcoholismo o enfermedades mentales).

3. El derecho a la asistencia letrada inmediata sigue sin ser una realidad para muchas mujeres, ya que su puesta en práctica depende del impulso activo de cada Comunidad Autónoma o, incluso, de cada municipio[14]. Lo cierto es que, como señala Amnistía Internacional, la falta de un acuerdo interinstitucional (entre la administración central, autonómica y local) de estándares mínimos de protección, y de una financiación estatal suficiente, estable y bien gestionada, ha tenido como consecuencia una desigual protección de los derechos de las mujeres en función del territorio. Esta desigualdad territorial podría estar afectando a ciertos derechos de las víctimas de violencia de género, como es el derecho a recibir atención de calidad por personal sanitario con la debida formación, recibir asistencia letrada en el momento de interponer la denuncia o disponer de un centro especializado cercano para víctimas de agresiones sexuales, por ejemplo[15]. Lamentablemente, la drástica reducción de la financiación estatal dirigida al equilibrio territorial de los recursos derivados de la Ley Integral, en los últimos años, no refleja una sólida voluntad política de acometer este importante reto[16].

4. La protección de las víctimas con “orden de protección” no es efectiva en todos los casos, debido a la insuficiente dotación de efectivos policiales.

5. La implantación de los juzgados especializados en violencia contra la mujer no ha resuelto ciertas trabas en el acceso a la justicia. Para garantizar que este tipo de órganos sirven a la finalidad prevista se precisa de una evaluación de su funcionamiento con la participación del conjunto de profesionales que intervienen.

6. La ausencia de un desarrollo normativo y de políticas públicas que garanticen a las mujeres sobrevivientes de violencia de género una indemnización proporcional al daño sufrido, satisfacción, la más completa rehabilitación y recuperación psicológica, económica y social posibles, así como la no repetición de la violencia, resulta frustrante para las víctimas.

El derecho a la reparación no fue expresamente abordado en la Ley Integral y el Gobierno español tampoco ha impulsado un marco normativo adecuado para hacer realidad este derecho. Tampoco se han arbitrado cauces accesibles para que las víctimas o sus familiares obtengan reparación ante situaciones en las que las agresiones sufridas guarden relación con una falta grave de diligencia de una institución o agente del Estado[17].

En materia de indemnizaciones se han señalado las dificultades que se encuentran en el proceso de ejecución de las sentencias. Las dilaciones excesivas y los obstáculos que se presentan para obtener la responsabilidad civil (especialmente cuando el agresor es insolvente), genera en las víctimas un gran cansancio, desprotección, y un agudo sentimiento de frustración. Esta situación es especialmente acuciante en los casos de lesiones y secuelas graves. Evidentemente, durante el proceso, el Estado debería garantizar que las mujeres obtienen una compensación provisional de manera oportuna. Este tipo de ayuda debería cubrir, además de los tratamientos médicos y psicológicos necesarios para la recuperación, un sustento económico digno para las sobrevivientes[18]. Sin embargo, la realidad es que la la Ley de Ayudas a Víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (Ley 35/1995) se ha revelado completamente ineficaz como instrumento para garantizar el derecho a la reparación de las víctimas de violencia de género.

La Ley 35/1995 dispone que el importe de las ayudas no podrá superar en ningún caso la indemnización fijada en la sentencia, de modo que las víctimas de violencia de género reciben generalmente indemnizaciones judiciales de escasa cuantía, que se calculan usando como referente el baremo de los accidentes de tráfico o a través de la estimación libre del órgano judicial. Muchas de estas indemnizaciones son humillantes para las víctimas.

A esto se añaden los requisitos que la Ley 35/1995 establece para acceder a la concesión provisional de la ayuda en espera de sentencia firme, permitiendo acceder a ella únicamente en caso de precariedad económica (percepción por parte de la víctima de rentas o cualquier tipo de ingreso que no sobrepase, en cómputo anual, el salario mínimo interprofesional vigente en el momento de la solicitud, según señala el Reglamento de la Ley 35/1995[19]). Finalmente, la Ley 35/1995 declara la incompatibilidad de esta ayuda con las pensiones de incapacidad temporal de la Seguridad Social, y no plantea ayudas complementarias de ningún tipo.

En lo que concierne a restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, el panorama es desolador. Numerosas mujeres, tras pasar por los recursos establecidos, no logran alcanzar su recuperación psicológica o económica e incluso continúan atemorizadas por la posibilidad de ser objeto de un nuevo ataque de su agresor. En ocasiones, se ha detectado una gran falta de diligencia de las instancias públicas, que lejos de contribuir a la recuperación de las sobrevivientes con los medios más adecuados, vinieron a agravar la situación en la que se encontraba la mujer[20].

En definitiva, puede decirse que la valoración de la ley contra la violencia de género en España no es del todo negativa pero representa, sin duda, un esfuerzo insuficiente que, de hecho, no ha erradicado el peso social del machismo, y no ha proporcionado a las víctimas ni una protección adecuada, ni las garantías de que esa protección vaya a resultar completamente eficaz en algún momento.
 
 
Pour citer cet article
Maria-Eugenia Rodriguez Palop, « La persistente violencia contra las mujeres a pesar de la LO 1/2004 de Medidas de Protección Integral frente a la Violencia de Género » (version espagnole), La Revue des Droits de l’Homme, juin 2012, http://wp.me/P1Xrup-e3
Version PDF Loi sur le genre en Espagne (version espagnole)
 
 

Notes

[1] Vid. Marcela Lagarde, « Antropología, feminismo y política: violencia feminicida y derechos humanos de las mujeres », M. Bullen y C. Díez Mintegui (coords): Retos teóricos y nuevas prácticas, Ankulegi Antropologia Elkartea, 2008, p. 217.

[2] M. Eugenia R. Palop, « Las políticas públicas en favor de las mujeres. Valoración de la LO 3/2007 para la igualdad efectiva de hombre y mujeres, a la luz del principio de igualdad de trato y no discriminación, Informe sobre las políticas públicas a favor de las mujeres, » Isabel Garrido (dir. y coord.), Informe El tiempo de los derechos, Huri-Age Consolider-Ingenio 2010, nº 19, 2011, p. 49.

[3] Ib., pp. 59-60.

[5] Memoria 2008 de la Fiscalía General del Estado, pág. 631.

[6] Véase, una vez más, el Informe de Amnistía Internacional (2009): “España: una vida sin violencia para mujeres y niñas. Las otras víctimas de la violencia sexual y trata de personas”, p. 17.

[7] Instituto de la Mujer: “Datos sobre violencia sexual y tráfico de seres humanos”. http://www.migualdad.es/mujer/mujeres/cifras/violencia/violencia_sexual.html (14 de abril de 2009).

[8] Véase el Informe de Amnistía Internacional (2009): España: una vida sin violencia para mujeres y niñas. Las otras víctimas de la violencia sexual y trata de personas, p. 18.

[9] Algunas de las propuestas de reforma a la Ley que plantea del CGPJ a través de su Observatorio de Violencia de Género, pueden leerse en esta misma línea. Véase, el Informe del Grupo de Expertos y Expertas en Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial acerca de los problemas técnicos detectados en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, la normativa procesal, sustantiva u orgánica relacionada, y las sugerencias de reforma legislativa que los abordan, p. 29 y p. 38. También está en esta línea la recomendación de este mismo órgano en el sentido de excluir la aplicación de la atenuante de confesión del artículo 24.1 del Código Penal (CP) así como de la atenuante de reparación del daño del artículo 21.5 CP, en supuestos de violencia de género o de matizar los criterios que permitan su aplicación. Y ello porque en el primer caso, la acción de confesar el crimen puede tener un componente de jactancia o reafirmación del acto cometido, y en el segundo, no suele ser suficiente una compensación económica sino que habría que considerar los daños morales, físicos y psicológicos causados a la víctima (pp. 39-40).

[10] El País, lunes 24 de octubre 2011, p. 34

[11] El País, lunes 24 de octubre 2011, p. 34

[12] El País, lunes 24 de octubre 2011, p. 34

[13]Véanse, por ejemplo, los informes de sentencias benévolas a maltratadores de la Federación de Mujeres Progresistas (aquí).

[15] Algunas Comunidades Autónomas han implantado sistemas de formación para capacitar al conjunto del personal sanitario de los centros de atención primaria (Canarias, Cantabria, Aragón, por ejemplo), mientras en la mayor parte de las comunidades la formación en violencia de género es voluntaria y abarca sólo a una pequeña parte del personal sanitario. Evidentemente, esto repercute en el acceso de las sobrevivientes a una atención sanitaria de calidad (Informe de Amnistía Internacional (2009): España: una vida sin violencia para mujeres y niñas. Las otras víctimas de la violencia sexual y trata de personas, p. 14.

[16] Informe de Amnistía Internacional (2009): España: una vida sin violencia para mujeres y niñas. Las otras víctimas de la violencia sexual y trata de personas, p. 14.

[17] Informe de Amnistía Internacional (2009): España: una vida sin violencia para mujeres y niñas. Las otras víctimas de la violencia sexual y trata de personas, p. 23 y p. 46.

[18] Informe de Amnistía Internacional (2009):España: una vida sin violencia para mujeres y niñas. Las otras víctimas de la violencia sexual y trata de personas, p. 47.

[19] Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (BOE núm. 126/1997, de 27 de mayo de 1997), artículo 8.

[20] Informe de Amnistía Internacional (2009): España: una vida sin violencia para mujeres y niñas. Las otras víctimas de la violencia sexual y trata de personas, p. 50.

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